La Comisión Europea responde a la evaluación de impacto del Acuerdo - En Flandes se rechaza una resolución contraria a la asociación

PROCESO DE RATIFICACIÓN

Para llevar a la práctica el acuerdo Mercosur–Unión Europea, deben desarrollarse una serie de pasos. Desde julio del 2019 ambos bloques se encuentran en la etapa de revisión legal, por la cual se busca unificar el uso de la terminología en el texto a fin de armonizar su contenido. Finalizada esa tarea, se comenzarán las traducciones a los distintos idiomas de los países involucrados. Luego el camino se bifurca para respetar el proceso de toma de decisiones establecido en cada bloque.

Por un lado, la Comisión Europea tendrá que presentarle el acuerdo al Consejo Europeo. La asociación concordada entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) está compuesta por tres pilares: diálogo político, cooperación y comercio. Si la Comisión Europea somete a votación la totalidad del acuerdo, se estarán abarcando competencias compartidas entre la UE y los países miembros, por lo que se necesitaría la aprobación de todos los Estados, abriendo la posibilidad de que alguno se oponga mediante el veto. Sin embargo, existe la opción de dividir la asociación en partes. De esta forma, bastaría con una mayoría calificada para que se acepte el pilar comercial (55% de los Estados miembros, que abarquen por lo menos el 65 % de la población de la UE), dado que allí se abarcan competencias exclusivas de la UE.

Seguidamente, se firma el acuerdo y se lo deriva al Parlamento Europeo, en donde se requiere una mayoría simple de los votos, ya sea que se traten los tres pilares al unísono o en partes. En caso de superar esta etapa, el curso del proceso sigue en los parlamentos nacionales, aunque el Consejo de la UE puede establecer que se empiecen a aplicar provisoriamente las cuestiones en las que la UE tiene competencia exclusiva.

Las cosas son más sencillas en el otro bloque. Obtenida la aprobación del Consejo Europeo, el órgano que estampara la firma en el acuerdo en representación del Mercosur será el Consejo del Mercado Común (CMC). Posteriormente, se buscará la ratificación de las legislaturas nacionales, pudiéndose comenzar a ejecutar la asociación en forma bilateral, en la medida en que cada estado miembro del Mercosur lo vaya ratificando en su cuerpo legislativo, sin necesidad de esperar las adhesiones de los restantes miembros.

LA UE FINALIZA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL ACUERDO CON EL MERCOSUR

Está establecido que los posibles acuerdos comerciales de la Unión Europea (UE) deben ir acompañados de un proceso evaluatorio sobre sus impactos sustentables, que incluye un reporte hecho por una entidad independiente y la respuesta al mismo por parte de la Comisión Europea. En el caso de la asociación con el Mercosur, el estudio fue publicado por la London School of Economics (LSE) en diciembre de 2020, mientras que la devolución de la Comisión Europea se conoció el 24 de marzo.

El reporte de la LSE prevé que, como consecuencia directa del acuerdo birregional, el PBI de la UE se habrá incrementado entre € 10 mil millones y € 15 mil millones para el año 2032, mientras que el efecto en el PBI del Mercosur rondaría los € 7 mil millones y € 11 mil millones adicionales. En ambos bloques, el crecimiento estaría fundamentado por mayores exportaciones e inversiones, junto a una expansión en el consumo gracias a productos importados con menor precio.

Este estudio empezó a realizarse en 2017 y sus resultados preliminares fueron influyendo en el proceso de negociación, por lo que muchas de sus recomendaciones finales ya fueron incorporadas al acuerdo. En ese sentido, la Comisión Europea plantea que las asimetrías entre las partes fueron paliadas por medio de tarifas que se reducen progresivamente en favor del Mercosur, restricciones cuantitativas para el ingreso de ciertos productos agropecuarios en el mercado europeo (arroz, carne bovina, carne aviar, carne porcina, azúcar, etanol, miel y maíz/sorgo) y el principio de salvaguardia (brinda la facultad de suspender temporalmente las importaciones de una mercancía cuyo incremento haya causado o amenace a causar un daño grave a una rama de la producción nacional).

En cuanto al factor ambiental, que actualmente pone en jaque la aprobación de la asociación, la Comisión Europea resalta lo señalado por la LSE: entre 2004 y 2012, se registró en Brasil una reducción de la deforestación que fue a la par de un incremento en la producción de carne bovina, lo que permite descartar la incompatibilidad entre ambos escenarios. A esos efectos, el ente conducido por Ursula von der Leyen considera que el acuerdo ofrece garantías e incentivos adicionales para que los países del Mercosur cumplan con sus compromisos climáticos internacionales. No obstante, la Comisión Europea reconoce que se podría acordar con el Mercosur una nueva iniciativa que intensifique las disposiciones previstas en el capítulo de Comercio y Desarrollo Sostenible, lo que coincide con las tratativas actuales rumbo a un documento adicional en materia ambiental.

En síntesis, concluye la Comisión Europea, “los resultados de la evaluación sobre su impacto sustentable confirman que el acuerdo tendrá un impacto positivo en las economías de los países de la UE y del Mercosur, incrementando los salarios y contribuyendo a la reducción de las desigualdades.

Sin embargo, el valor de este acuerdo va más allá de las meras consideraciones económicas y comerciales, ya que consolidará una muy importante asociación entre los dos bloques basada en los recíprocos valores en común”.

Una semana antes de que la Comisión Europea finalizase este proceso, la Defensoría del Pueblo Europeo (European Ombudsman) culminó su investigación sobre la supuesta infracción que significó terminar las negociaciones con el Mercosur sin haber completado las evaluaciones de su impacto sustentable. Si bien la Comisión Europea argumenta
que la naturaleza metodológica de la evaluación hace que a veces no pueda coincidir temporalmente con el proceso de negociación, la Defensoría del Pueblo Europeo dictaminó que el hecho en cuestión constituyó un caso de “mala administración”. Sin embargo, no se emiten ningún tipo de recomendaciones, salvo un señalamiento para que las evaluaciones futuras sean completadas antes del fin de las negociaciones.

El contraste entre Valonia (ubicada al sur y de habla predominantemente francesa) y Flandes (que se encuentra en el norte y cuyo lenguaje oficial es el holandés) se podría atribuir al hecho de que está última genera casi un 70% del comercio internacional belga. Sin embargo, el resultado de la reciente votación no refleja la realidad política en Flandes, donde la Alianza Neo-Flamenca (N-VA) es el único partido que se abstiene de criticar al acuerdo Mercosur-UE en su estado actual, aunque acepta que se firmen protocolos adicionales. De hecho, el rechazo al proyecto de Vooruit se explica por el compromiso de votar en conjunto por parte de la coalición gobernante, que también está integrada por el Partido Cristiano-Demócrata y Flamenco (CD&V) y los Liberales y Demócratas Flamencos (Open Vld).

Aun así, una semana después de la votación, el ministro-presidente de Flandes y referente del N-VA, Jan Jambon, evadió compartir cuál sería la posición final del gobierno regional en relación a la asociación birregional. Ante la consulta parlamentaria de la oposición, Jambon afirmó que “como siempre en lo que respecta a los futuros tratados comerciales y de inversión, el Gobierno flamenco solo tendrá que emitir una sentencia definitiva cuando la Comisión [Europea] inicie el procedimiento de firma por parte de la UE”.

LOS PILARES DEL FUTURO DOCUMENTO ADICIONAL EN MATERIA AMBIENTAL

Los encuentros promovidos en mayo por la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana constituyeron una oportunidad para contemplar los pilares que tendría el documento adicional en materia ambiental. Al respecto, el director de las Américas, Agricultura y Seguridad Alimentaria en la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, Rupert Schlegelmilch, validó tres cuestiones que venían siendo planteadas desde el Mercosur: las nuevas disposiciones deben ser recíprocas, no alterar el equilibro alcanzado en las negociaciones y materializarse en paralelo a la firma del acuerdo.

De todas formas, las tensiones continúan sobre el posible contenido y status jurídico que tendría este texto complementario. En ese sentido, el embajador de Argentina ante la UE, Pablo Grinspun, dejó en claro que “la voluntad de diálogo y trabajo del Mercosur para finalizar el acuerdo no implica una carta blanca”. A su vez, el diplomático argentino hizo referencia a las críticas ambientales que condujeron a tener que acordar este documento adicional, “lo que acá vemos es que el lobby proteccionista agrícola ha hecho de las legítimas preocupaciones medioambientales la forma de expresarse”.